¡Alerta Roja!

Preocupan las cifras reveladas  en el estudio del Dr. Alfredo Rangel, director del Centro de Seguridad de la Universidad Sergio Arboleda, correspondientes al primer semestre del 2012 comparadas con las del año anterior en igual periodo. Se señala que el ejército colombiano está a la defensiva; que se ha incrementado en un 6% el ataque a la infraestructura nacional, siendo un  20% mayor al sector petrolero, convertido hoy en objetivo militar por parte de la guerrilla. Del 2011 al 2012 se ha incrementado en un 116% los ataques a oleoductos.  Se han presentado 160 ataques contra la Fuerza Pública. Los retenes ilegales crecieron  el  200%. Se reconoce presencia guerrillera en 155 municipios. Los ataques de la guerrilla se presentan frecuentemente en Cauca, Antioquia, Arauca y Norte de Santander. 

Estos datos señala el Dr. Rangel, son recogidos de cifras de fuentes oficiales y de periódicos de provincia a donde no llega la mermelada. Nada se dice en la gran prensa de Bogotá por razones obvias que no le interesa registrar estos hechos; solo aquellos hechos que favorecen al gobierno como lo es la de disminución de homicidios cuyo quiebre se inicio en el año 2008, donde se tomaron medidas efectivas. El Gobierno ha tenido mucho cuidado en difundir los datos solamente de los dos últimos años, por falta de honestidad.

Adicionalmente, la semana pasada la Fundación País Libre presentó las cifras de secuestro en el primer trimestre del año 2012 y comparadas con el mismo periodo del año anterior. Se registra un incrementado del 10% (sin incluir los datos de Abril y Mayo los resultados son preocupantes). El gobierno en su defensa, manifestó su disgusto con las referidas cifras presentadas,  las tildó de injustas. La realidad es que somos los colombianos quienes nos parece injusto que el gobierno en vez de aceptar esta preocupante realidad y tomar medidas efectivas en materia de seguridad, continúe buscando a quien señalar sus pobres resultados a personas que le recalcan sus errores y que no es cuestión de percepción precisamente, como nos lo quiere hacer ver.                     . 

Los hechos violentos en Cauca y la improvisación del gobierno para solucionar los problemas que se presentan son de alerta roja en todo el país. Las consecuencias ante la pésima labor del gobierno en el Cauca y otras regiones  indígenas; terminan generando más violencia. La inversión disminuye, el turismo se pierde, la economía se contrae. Desafortunadamente, el gobierno continuó con una agenda oscura que nada bueno le trae al país. Cuando se pregunta por las misiones de León Valencia, asesor del gobierno en Nueva York o de  Baltasar Garzón, dos personajes con oscuro pasado; nada responden. Quieren callar a los que cumplimos con el sagrado derecho de informar desde la otra orilla, a los ciudadanos que protestamos por la falta de liderazgo y buena ejecución de políticas del gobierno, con evasivas y ataques nos tildan de manos negras, tiburones y frases descalificadoras para ocultar la verdad. 

¡Que no callen a los ciudadanos mientras matan soldados y policías! mientras sometan a nuestras Fuerzas Militares a penas infames y les construyen prontuarios injustos e inmerecidos. Más de doce generales están injustamente en las cárceles, doce mil soldados denunciados penalmente por cumplir con su deber, y no encontrar un gobierno que los respalde y proteja.

Juan Manuel Santos, decidió privarlos de una Justicia Penal Militar, como la tienen casi todos los países del mundo. Ese artículo de la Corte Penal Militar, como lo señaló el Presidente Uribe meses atrás, era lo único rescatable de la fallida Reforma a la Justicia. Y como para volverse uno loco, el presidente Santos manda mensajes pidiendo que no se haga política con el terrorismo y solicitando apoyo a la Fuerza Pública.  Justo ese apoyo que él no ha querido darles por esa terquedad manifiesta de prevalecer la ingenua intención de dialogar con el terrorismo.                      .

Es  inaceptable  que el gobierno y sus aliados nos vendan el cuento que en el gobierno de Uribe existía una percepción de seguridad; mientras que en el gobierno de Santos existe una percepción de inseguridad. Las cifras y estadísticas hablan por sí solas y por tozudas son incontrovertibles.