En un Estado democrático existe la obligación del gobierno de garantizar la seguridad de los ciudadanos para la construcción de una sociedad en paz. Los colombianos llevamos décadas sin un solo día de paz, agobiados por una permanente amenaza terrorista de una guerrilla criminal que no sólo busca el poder a la fuerza sino que el control absoluto y sin restricciones del negocio del narcotráfico.
En los últimos dos años la debilidad del Estado y la falta de liderazgo permitieron el resurgimiento de las FARC en todo el país con cifras escalofriantes, nuevamente están presentes en 51 municipios de todo el país, aumentó el secuestro, las extorsiones y los ataques a la población civil.
Con el ánimo de confundir a la ciudadanía y de esconder la verdad, el gobierno y las FARC piensan iniciar diálogos para buscar lo que ellos llaman paz; pero, lo que verdaderamente se estaría negociando son las políticas sociales, económicas y la política internacional del país.
Nosotros los ciudadanos de bien, hemos respaldado abiertamente políticas públicas, debatiendo de cara al país, de manera democrática y participativa. Jamás hemos acudido a métodos intimidadores que defiendan todos los “mecanismos de lucha”, como sí lo hacen los narco terroristas. Ni a la mentira sistemática y calculada como sí lo hace este gobierno. Se estarían iniciando entonces la negociación más peligrosa para la sociedad colombiana y su democracia, dejando un precedente muy dañino.
No existe en Colombia alguien que rechace la paz, es un derecho y una necesidad indispensable. Estábamos teniendo indicadores muy positivos bajo la política de seguridad democrática. Esta política fue traicionada y los electores burlados. Con el terrorismo sólo se puede negociar el sometimiento a la justicia. Los errores del pasado consistieron en adular y conceder todo y más a los terroristas. Los gobernantes tenían la mejor voluntad de paz, eso es indiscutible, pero fueron engañados y ridiculizados miserablemente por los criminales, que aprovecharon esa tregua para rearmarse e iniciar actos de barbarie y terrorismo.
¿Cómo puede el gobierno entrar en unos diálogos de paz con los generadores de la violencia, en momentos en que se están fortaleciendo militarmente? – ¿Cómo puede aceptar como interlocutor válido el presidente que protege la cúpula militar del terrorismo colombiano?
La seguridad del Estado ha tenido un impresionante declive y la ciudadanía desconfía de sus instituciones. Solamente un gobierno irresponsable como el de Juan Manuel Santos puede seguir engañando a los ciudadanos. Ya lo había dicho en su discurso de posesión que sólo iniciaría diálogos de paz siempre y cuando las FARC renunciaran a las armas, al narcotráfico, a la extorsión y al secuestro, premisas que según el eran inamovibles.
El país no puede tener una paz a cualquier precio, generadora de impunidad y premio al terrorismo. El mensaje sería equivoco para la población y se correrían problemas legales de magnitudes hoy inimaginables. Colombia hace parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y firmó el Tratado de Roma de la Corte Penal Internacional. El país no puede correr el riesgo y la vergüenza de ser investigada por estos organismos internacionales pensando que con un marco jurídico que tiene vacíos enormes puede servir éste de salvo conducto para amnistiar a los terroristas, y peor aún amnistiar crímenes de lesa humanidad.
Santos, quien ayer celebraba regocijado los triunfos de la seguridad democrática y lloró el fracaso del Caguán, prefiere hoy retomar la senda del fracaso dialogando con terroristas y poniendo en riesgo el país y su democracia.
La paz es un mandato constitucional, el presidente podrá dialogar con los ciudadanos cuando lo requiera, pero, ¿Qué se puede negociar con un terrorista?
Publicado en Revista Posición, Agosto 29, 2012
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