Siguen sorprendiendo los titulares de prensa que manda el gobierno nacional a algunos periódicos que hablan sobre la seguridad del país. El último fue “2012 sería el menos violento de los últimos 26 años” publicado el 6 de diciembre de 2012. Pero ¿será que la violencia en Colombia si se ha reducido después del abandono de la Seguridad Democrática por parte del gobierno Santos? ¿Qué están haciendo los grupos terroristas para seguir su lucha? ¿Por qué entonces la preocupación de la comunidad por el recrudecimiento de la violencia en nuestro país?
La extorsión, “la vacuna,” el voleteo se convirtió en un delito corriente de parte de los grupos terroristas como lo son: las farc, el eln, los rastrojos, los urabeños, y todas las bacrim. Operan en todos los departamentos de Colombia, especialmente en los de la costa atlántica, donde se han multiplicado en forma alarmante. Este delito lo realizan los grupos criminales, buscando a través de la intimidación y la imposición de la voluntad, obtener provecho extorsivo que generalmente se traduce en beneficio económico, por un lado, y el político por el otro.
Siempre que el país entra en procesos de paz, los grupos terroristas incrementan todas sus formas de lucha, y esta es de las más aberrantes y dañinas; la transformación en el accionar terrorista, se traduce en la evolución de esta práctica y su impacto sobre diferentes sectores de la sociedad. Buscando con ello estrangular la sociedad, intimidarla y obligarle a que acepte sus vulgares exigencias. Con chantaje, obliga al gobierno flexibilizar la presión, y este agotado, acepte una solución cualquiera; abrumado por el clamor de una sociedad aterrorizada y vencida.
El incremento de extorsión en el país es aterrador. En el centro de Medellín se habla de “pago de peaje” para los buses que operan en la zona, fondos que irían destinados a los grupos de las comunas. En la Plaza Santo Domingo de Cartagena, bella y muy turística, los locales comerciales están recibiendo llamadas telefónicas de personas que se identifican del grupo los rastrojos para extorsionar a los empresarios pidiéndoles largas sumas de dineros. Y ni que hablar de las zonas rurales del país donde hasta los más humildes trabajadores son encañonados para que paguen las “cuotas” de guerra que piden los terroristas.
No existen estadísticas que permitan determinar con certeza la magnitud del problema. De igual manera el gobierno no estaría muy interesado en publicar ese tipo de información. Además, Estos vacíos de información responden principalmente a la no denuncia a las autoridades de las víctimas por miedo a las represalias de la organización criminal, amenazas contra su vida o secuestros. Estos hechos no solo representan una limitación en su caracterización, sino que adicionalmente, obstaculizan la posibilidad de enfrentar este delito de manera rápida y efectiva.
La no denuncia, se podría explicar, por varios elementos. Por un lado, por el miedo que se genera sobre las víctimas frente a la amenaza sobre su vida; principal gancho de la extorsión. Por otro lado, por la creciente falta de credibilidad y confianza de los ciudadanos en el gobierno nacional y algunos miembros de las instituciones gubernamentales quienes estarían posiblemente vinculados con el mismo delito, todo esto justificado en los hechos que en los dos últimos años se perdió el rumbo y estrategias probadas con éxito por la recordada Seguridad Democrática.
El terrorismo silencioso sigue creciendo en nuestro país por la falta de acción del gobierno, quien se encuentra ocupado dialogando con terroristas en el exterior y dejando a un lado el dialogo con la comunidad. Después de estas acciones de extorsión vendría el incremento de asesinatos, secuestros, el cierre de los negocios, la disminución del turismo y el crecimiento de la pobreza. Esta no es la “prosperidad democrática” por la que votó el pueblo hace dos años, pero si es la realidad que nos sigue haciendo reclamar a muchos que regrese la Seguridad Democrática lo más pronto posible.
Publicado en Revista Posición, Diciembre 6, 2012
